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Es discreto, silencioso, funcional, trabajador y muy eficiente. El higienizador de ascensores a base de ozono inventado por Exeinnova, una empresa creada por cuatro emprendedores cartageneros y ubicada en el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEIC) de Cabezo Beaza, no es un ambientador ni un robot limpiador al uso sino un aparato de apenas 40 centímetros cuadrados que es capaz de acabar con las bacterias y los virus más potentes que se conocen.

Se llama EIPO 3 y es un revolucionario sistema de autolimpieza diseñado y comercializado por Exeinnova, una empresa surgida este mismo año y que busca abrirse mercado en el mundo de los ascensores. El secreto de este aparato es el ozono, un gas de color azul, totalmente inofensivo para las personas, que neutraliza los malos olores y acaba con cualquier germen.

«Nos dimos cuenta de que los usuarios de los ascensores debemos soportar muy a menudo fuertes olores que surgen de humedades del foso, o lo peor de todo, de otros usuarios. Además, en un lugar tan pequeño como ése, en el que debemos estar en ocasiones en contacto con otras personas, estamos expuestos a posibles contagios de diferentes bacterias», cuenta uno de los fundadores de la empresa, Miguel Ángel Pastor.

El aparato se instala por fuera del ascensor y dentro de él solo queda el conducto de salida del ozono, casi imperceptible y totalmente silencioso. Lo más importante es que el consumo eléctrico del aparato es muy reducido. El ingeniero responsable de buena parte de su diseño, Federico Sánchez, asegura que no llega a los 3 vatios al día.

Inodoro y eficaz

«El usuario no percibirá un olor raro, solo un ambiente higiénico y suave», cuenta Sánchez. Este gas es uno de los higienizadores de origen natural más efectivos del mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Está diseñado para que nunca supere los límites establecidos por esa organización. Así limpia pero sin afectar a quienes lo utilizan.

La unidad de depuración consiste en una centralita integrada por un generador de ozono de reducido tamaño. Además posee un circuito con un microprocesador que analiza las condiciones de la cabina gracias a una serie de sensores que consiguen que el sistema de depuración solo funcione en las horas de mayor uso por parte de los vecinos del inmueble.

En la actualidad, el ozono se ha convertido en uno de los sistemas para purificar el aire y el agua más efectivos y naturales que existen. Para llegar a desarrollarlos, los cuatro emprendedores que forman Exeinnova han ocupado tres años de su vida. Nació el doble de grande y con un espray purificador de escasa utilidad. «Al poco tiempo nos dimos cuenta de que no serviría, porque habría que cambiar el pulverizador cada mes. Ahora, el generador de ozono que lleva incorporado tiene una durabilidad de seis o siete años», asegura José Carlos Calderón, otro de los socios fundadores.

Aparatos similares son utilizados para higienizar los quirófanos de los hospitales (su uso es obligatorio) y hasta para tratar más de 250 enfermedades, entre ellas problemas vasculares o reumas. En algunos países, su coste es asumido por la seguridad social. El sistema va dirigido para las empresas instaladoras y de mantenimiento de ascensores.

Fuente: Laverdad.es

En el 2006 el Consell aprobó una resolución en la que se endurecían las medidas de seguridad de los ascensores contempladas en la normativa estatal (Real Decreto 57/2005) con la finalidad de incrementar la seguridad del ciudadano.

Muchas comunidades de vecinos tienen ascensores instalados antes de 1997 y necesitan hacer reformas para adaptarlos a la nueva normativa, según el Real Decreto 57/2005 de 21 de enero. Los servicios prestados por los administradores colegiados  incluyen una gestión Integral de todas las áreas necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones comunitarias entre ellas los ascensores de las comunidades. Esto supone solicitar presupuestos para realizar unas reformas en los ascensores que asciende entre 2.000 y 6.000 euros de coste para los propietarios, dependiendo de los aspectos que se tengan que modificar.

El real decreto establece nuevas medidas de seguridad entre las que destacan:

• La incorporación en la cabina del ascensor de interfonos de emergencia en contacto permanente con el servicio de averías, de esta manera, cualquier persona que quede atrapada en el interior del ascensor establecerá contacto con el exterior y será atendida en el menor tiempo posible.

• Los mandos de la botonera como del sistema de comunicación bidireccional deben estar adaptados para el uso de personas con visibilidad nula o reducida.

• La instalación de alarma y sistema de iluminación automáticos que se activen ante cualquier incidente.

• La dotación de un sistema de parada que actué cuando el ascensor no funcione.

• La instalación de un dispositivo o cedula de seguridad, que impida el cierre de las puertas si el ascensor no arranca.

• La incorporación de una chapa que cubra el hueco del foso cuando el elevador se detiene entre dos pisos.

• Placa de identificación en la cabina en la que figure el número de Registro del Aparato Elevador.

Los administradores colegiados  por su experiencia en la administración de fincas y en otros sectores, conciben los espacios comunes de una comunidad (trasteros, corrales, zaguanes, espacios anexos, locales, terrazas, jardines, etc…) como oportunidades para poner en práctica pequeños proyectos que pueden aportar un valor añadido a la comunidad.

Para poder abordar y reducir los gastos de una comunidad de propietarios, hay vías como la publicidad, rótulos, luminosos o carteles etc… Si el edificio es muy visible, alto o dispone de una fachada sin uso, alquilar ese espacio para un anuncio publicitario puede ofrecer a la comunidad ingresos extras para ayudar a cubrir los gastos, de esta manera el desembolso por parte de los propietarios mensual, semestral o anual sería menor o nulo.

Pero para proceder hay unas normas y un proceso específico que cumplir. Según el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, para poder colocar un anuncio publicitario en una fachada de cualquier comunidad de propietarios, es necesario el voto favorable en Junta de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

La vivienda de portería, trasteros, corrales, viviendas vacías, etc, bien gestionados, también pueden convertirse en un ingreso para la comunidad. Pueden destinarse, mediante sistemas de intercambio,  por la prestación de algún servicio necesario para la comunidad, siempre y cuando el proyecto fuera viable.

El presidente junto al administrador colegiado,  el secretario y la junta de propietarios forman los cuatro órganos gestores de una  Comunidad. La Junta de propietarios hace la elección reunida en convocatoria ordinaria o extraordinaria, por mayoría de entre los candidatos que se presenten a presidente o bien por turnos rotativos de todas las viviendas de una comunidad.

La duración del cargo de Presidente de la comunidad, salvo que los Estatutos dispongan lo contrario, es de un año, si bien, el Presidente no perderá sus competencias si se retrasase la convocatoria de la Junta para la elección del nuevo. El Presidente podrá ser removido de su cargo antes de la terminación de su mandato mediante acuerdo adoptado en Junta extraordinaria convocada al efecto con las mismas mayorías que las exigidas para su nombramiento.

¿Qué funciones o atribuciones tiene un Presidente? Derechos y obligaciones.

– Representar a la Comunidad en todos los asuntos que le afecte.
– Convocar Junta ordinaria al menos una vez al año.
– Presidir las Juntas tanto ordinarias como extraordinarias.
– Ejercitar las acciones judiciales que acuerde la Junta ordinaria.
– Exigir el pago por vía judicial a los propietarios deudores.
– Visar los gastos y presupuestos.
– Hacer cumplir los acuerdos de la Junta.

Los servicios prestados por el administrador incluyen una gestión Integral de todas las áreas necesarias para el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones comunitarias.

• Constitución de la Comunidad.
• Convocatorias de Juntas Ordinarias y Extraordinarias.
• Contratación de Suministros y Servicios.
• Realización, emisión y cobro de los recibos.
• Gestión y control de la contabilidad comunitaria.
• Gestión de cobro de morosos, garantizando el cobro del capital pendiente.
• Protección Jurídica para la comunidad de propietarios.
• Balances Anuales e información personalizada del estado de cuentas.

CiU reclama que, en un plazo de tres meses, se modifique la sección sexta del capítulo III del título IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil para «garantizar a las comunidades de propietarios que, en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidos a la normativa de la propiedad horizontal, estarán informadas y podrán ejercer las correspondientes acciones para el cobro de las deudas existentes, evitando la pérdida de las mismas por la acción de la prescripción».

El objetivo es que cuando comience una ejecución hipotecaria sea obligatorio comunicarlo a la comunidad de propietarios para «facilitar que la misma pueda emitir el correspondiente certificado sobre el estado de pagos de la vivienda ejecutada para con la comunidad, a los efectos de poder garantizar su cobro y evitar la prescripción por el transcurso del tiempo».

Repercusiones ‘preocupantes’

El grupo parlamentario advierte además de las «preocupantes repercusiones» que las ejecuciones hipotecarias están teniendo sobre la situación financiera de muchas comunidades de vecinos, que según datos del Consejo General de Administradores de Fincas, a 31 de diciembre de 2012 arrastraban 1.606 millones de euros de deuda con las entidades financieras adjudicatarias de los pisos y locales desahuciados, una cifra que podría haber alcanzado los 1.900 millones el año pasado. El 82% de las reclamaciones están relacionadas con la morosidad.

Además, según la estadística del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lérida, el 82% de las reclamaciones en las comunidades de vecinos están relacionadas con la morosidad, y la litigiosidad en este campo va «en aumento», habiendo pasado de 394.000 juicios monitorios en 2007 a más de 850.000 en 2010.

Fuente de Información: El Mundo

http://www.elmundo.es/economia/2014/02/04/52f0adf3268e3e9f5d8b456b.html

Conocer nuestros derechos y obligaciones como propietarios de un animal es fundamental para una convivencia satisfactoria con los vecinos de nuestra comunidad.

Una de las obligaciones de los dueños de un perro es evitar molestias al resto de los vecinos con quienes convive, porque es el dueño del perro el que debe adaptarse a las circunstancias, por ejemplo, si coincide en el ascensor con un vecino que tiene miedo a los perros es el dueño del perro quien deberá ceder el paso al vecino.

Los estatutos de la comunidad de vecinos pueden recoger la prohibición de la presencia de animales de compañía en la finca. Sin embargo, priman los derechos individuales del dueño del animal, por lo que esta norma se puede impugnar.

Los gabinetes jurídicos con los que cuentan algunas asociaciones de protección animal asesoran a los ciudadanos que lo soliciten en estos casos.

La Ley sobre Propiedad Horizontal no prohíbe convivir con animales y se pueden impugnar estatutos de vecinos que sí lo impidan.

La Ley 49/1969, sobre Propiedad Horizontal no prohíbe la tenencia de animales domésticos en las viviendas privadas. Sin embargo, los ayuntamientos sí pueden limitar el número de animales que se pueden tener en casa. Por su parte, el concepto y requisito para declarar un espacio como núcleo zoológico se recoge en la legislación de las comunidades autónomas.

De esta manera, cuando en una vivienda hay cuatro o más perros, se suele exigir la declaración de núcleo zoológico. Con este requisito se pretende garantizar las correctas condiciones higiénico-sanitarias del lugar donde viven los animales.

Las recomendaciones que los administradores colegiados recomiendan a los propietarios que tienen perros en sus viviendas con respecto a la comunidades de propietarios donde conviven, son las siguientes:

• En el caso de comprar o alquilar una vivienda, consultar con antelación los estatutos de la comunidad de vecinos.
• Evitar ladridos excesivos y la presencia del perro en zonas prohibidas para ellos.
• Los derechos individuales se anteponen a la normativa recogida en los estatutos de una comunidad de vecinos al respecto de la tenencia de animales.
• Educar al perro para que sea respetuoso con el resto de personas y animales con quienes convive.
• Utilizar la correa cuando corresponda y recoger los excrementos para evitar molestias a terceras personas.

Las molestias causadas por los vecinos es una de las más frecuentes de las comunidades de propietarios, música a un volumen exagerado, malos olores, humos, basura en la escalera etc….

Terminar con estas conductas puede ser un proceso simple. El presidente de la comunidad puede requerir al vecino el cese de las mismas, pero puede ser que el infractor persista y en ese caso la única opción es emprender acciones legales que pueden terminar en sanciones de diversas indole o incluso la privación del uso de la vivienda hasta tres años.

Los administradores colegiados, tambien disponen de todas las garantías y el control técnico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de la comunidad donde residan y deben ofrecer a las comunidades de propietarios que gestionen soluciones tanto en el ámbito administrativo, técnico y jurídico, asegurando la eficacia en la gestión.

Para comenzar estas acciones legales, el presidente o el administrador, debe denunciarle en el juzgado de primera instancia, pero para ello debe contar con la autorización del resto de vecinos, que tendrán que haberse reunido previamente en una junta extraordinaria y aprobar el inicio de las acciones legales correspondientes.

A partir de ese momento, es el juez (con ayuda de la inspección de agentes municipales) es el que considerará si se está cometiendo un delito o si sólo se trata de una comunidad de vecinos demasiado alarmista. También deberá determinar si el propietario está incurriendo en alguna infracción clasificada por la Ley de Propiedad Horizontal.

Esta norma establece que al propietario y al ocupante del piso o local «no le está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, acciones que resulten dañosas para la finca o que puedan ser consideradas por la autoridad como actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

En estos tiempos de crisis, algunas comunidades de vecinos se plantean la posibilidad de instalar en su azotea una antena de telefonía móvil, para hacer frente a los gastos comunitarios y suponga un ahorro para los propietarios.

A efectos de comunidad, la instalación de antena de telefonía móvil en la cubierta se considera como «arrendamiento de elementos comunes que no tienen asignado un uso específico en el inmueble».

La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 17.1 dice lo siguiente: «los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos los propietarios».Esto quiere decir que si la mayoría de los vecinos están de acuerdo en cualquier tema comunitario, este acuerdo obliga al resto de los copropietarios.

Este mismo artículo establece doble mayoría (de propietarios y cuotas) del 60%, y prevé que se consideren favorables los votos de los ausentes, a menos que comuniquen su oposición por escrito al Secretario, dentro de los treinta días siguientes al que les fue comunicado el acuerdo.

Hay que tener en cuenta que pueden considerarse afectados cuatro tipos de residentes en el edificio:

1.- Aquellos que utilicen marcapasos o cualquier otro dispositivo médico que pueda verse afectado por los campos electromagnéticos del repetidor.

2.- Vecinos próximos físicamente a la antena (últimos pisos) que se verán expuestos a niveles más altos de campos electromagnéticos.

3.- Quienes no quieran asumir el posible riesgo para su salud y la de su familia.

Hay quienes opinan que el acuerdo debe tomarse por unanimidad, en base a la posible alteración de la estructura del edificio por el sobrepeso que puede representar, y también por la construcción de la caseta que lleva consigo.

Como administradores colegiados, debemos ofrecer soluciones a las comunidades tanto en el ámbito administrativo, como en el técnico y jurídico, asegurando la eficacia en la gestión.

Extracto de: http://www.20minutos.es/noticia/1663790/0/antena-telefonia/comunidad/vecinos/#xtor=AD-15&xts=467263

Cuando una persona compra un piso, un local o un garaje, adquiere parte del edificio en el que se encuentra. Como propietario, tiene derecho a disfrutar de las zonas comunes (escalera, ascensor, piscina, azotea),  pero también tiene que hacer frente a los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos.

Una comunidad de vecinos, es el conjunto de los propietarios de un mismo edificio que comparten la responsabilidad y los beneficios de ese inmueble, aunque no utilicen todas sus dependencias y aunque no residan en él.

Las comunidades de vecinos están sometidas a la Ley de Propiedad Horizontal, un extenso y detallado texto que regula el artículo 396 del Código Civil.

Como norma general, la comunidad de vecinos debe ocuparse del «sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios» para «que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad».

Servicios comunes

No todos los edificios son iguales por su antigüedad y arquitectura así como por sus ocupantes y ubicación, por lo tanto, los servicios comunes también varían.

Por supuesto, los más habituales son el suministro de electricidad, agua y el servicio de limpieza, destinados a la zona del portal y las escaleras. Pero a estos debemos sumar el mantenimiento técnico del ascensor y la contratación de un administrador de fincas.

Los imprevistos en el edificio corren por cuenta de la comunidad, de ahí que muchas compañías de seguros ofrezcan paquetes especialmente diseñados para estos casos y que muchas comunidades se decidan a contratarlos.

Las incidencias más preocupantes y comunes son los daños materiales producidos por incendios, explosiones, caída de rayos, fugas de agua e inundaciones, así como las reparaciones estructurales y estéticas que deban realizarse tras un siniestro.

No obstante, las aseguradoras también ofrecen asistencia legal, indemnizaciones por responsabilidad civil o servicios de salvamento y alojamiento temporal en hoteles cuando el edificio queda inhabitable.