CiU reclama que, en un plazo de tres meses, se modifique la sección sexta del capítulo III del título IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil para «garantizar a las comunidades de propietarios que, en los casos de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas y locales sometidos a la normativa de la propiedad horizontal, estarán informadas y podrán ejercer las correspondientes acciones para el cobro de las deudas existentes, evitando la pérdida de las mismas por la acción de la prescripción».
El objetivo es que cuando comience una ejecución hipotecaria sea obligatorio comunicarlo a la comunidad de propietarios para «facilitar que la misma pueda emitir el correspondiente certificado sobre el estado de pagos de la vivienda ejecutada para con la comunidad, a los efectos de poder garantizar su cobro y evitar la prescripción por el transcurso del tiempo».
Repercusiones ‘preocupantes’
El grupo parlamentario advierte además de las «preocupantes repercusiones» que las ejecuciones hipotecarias están teniendo sobre la situación financiera de muchas comunidades de vecinos, que según datos del Consejo General de Administradores de Fincas, a 31 de diciembre de 2012 arrastraban 1.606 millones de euros de deuda con las entidades financieras adjudicatarias de los pisos y locales desahuciados, una cifra que podría haber alcanzado los 1.900 millones el año pasado. El 82% de las reclamaciones están relacionadas con la morosidad.
Además, según la estadística del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lérida, el 82% de las reclamaciones en las comunidades de vecinos están relacionadas con la morosidad, y la litigiosidad en este campo va «en aumento», habiendo pasado de 394.000 juicios monitorios en 2007 a más de 850.000 en 2010.
Fuente de Información: El Mundo
http://www.elmundo.es/economia/2014/02/04/52f0adf3268e3e9f5d8b456b.html
Deja una respuesta