Qué es el Informe de Evaluación de Edificios

El Informe de Evaluación de Edificios es un documento firmado por un profesional acreditado y que hace referencia, de forma detallada, a aspectos relacionados con las condiciones de accesibilidad universal, el estado de conservación y la eficiencia energética de un edificio. Será la Administración la competente en cada caso y la que lo solicite a los inmuebles compuestos por varias viviendas.

¿Cuándo es obligatorio realizar el IEE.CV?

Los propietarios de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva deberán promover la realización del informe en los siguientes supuestos:

• En edificios de antigüedad superior a 50 años.
• Edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas para obras de rehabilitación.
• En edificios catalogados, y en aquellos que así lo determine la normativa autonómica o municipal.

Se deberá renovar cada 10 años.

ES FUNDAMENTAL QUE SEPÁIS QUE:

• Toda edificación que tenga más de 50 años debe pasar el IEE antes del 1 de Septiembre de 2018.
• El coste del IEE está subvencionado.

La beneficiaria de esta subvención siempre será la comunidad de vecinos, que es el sujeto encargado de los aspectos relacionados con el Informe de Evaluación de Edificios, y nunca el propietario de la vivienda.

Las ayudas

¿A cuánto ascienden las ayudas? Al resultado de multiplicar 20 euros por el número de viviendas del edificio y por cada 100 m2 de local. Con los siguientes topes máximos: 1. 500 euros. 2. El 50% del coste del informe. ¿Dónde pueden presentarse las solicitudes de ayudas? En los Servicios Territoriales de Vivienda y Rehabilitación de Alicante, Castellón y Valencia situados en la Avda. Aguilera,nº 1 de la ciudad de Alicante, la Avda. del Mar, nº 16 de la ciudad de Castellón de la Plana y la calle Gregorio Gea, n.º 27 de la ciudad de Valencia. Asimismo en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. ¿Qué documentación debe aportarse?  DNI del representante y acreditación de la representación que ostente.  CIF de la comunidad, en su caso.  Nota simple del registro de la propiedad, justificación catastral con referencia a la antigüedad del edificio y el número de viviendas.  Una copia del Informe de Evaluación del Edificio y acreditación de su inscripción en el registro electrónico establecido al afecto por la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana.  Factura de los honorarios por la realización del IEE.  Impreso de domiciliación bancaria.

Forma de adjudicación Las ayudas se convocan por concurrencia competitiva. Para determinar el orden de adjudicación de las solicitudes éstas se valorarán de acuerdo con las siguientes puntuaciones:

a) Años de antigüedad del edificio Antigüedad superior a 30 años (por cada año de antigüedad que exceda de 30 años, con un máximo de 100 puntos) 2 puntos

b) Número de viviendas del edificio Si el edificio tiene 20 viviendas o más 3 puntos Si el edificio tiene menos de 20 viviendas 1 punto

c) Cuando sea obligatorio realizar el IEE de acuerdo con la normativa urbanística: 4 puntos d) Cuando el edificio haya solicitado ayudas de rehabilitación para subsanar las deficiencias detectadas en el IEE 15 puntos

http://www.habitatge.gva.es/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/ayudas-a-la-realizacion-del-informe-de-evaluacion-de-los-edificios-ieecv

La falta de tiempo y experiencia de los propietarios/as en las numerosas cuestiones legales y administrativas obligatorias en las Comunidades de Propietarios, hace que la figura del «Administrador de Fincas» se consolide como fundamental, con las garantías de un perfecto funcionamiento de la comunidad.

El Colegio de Administradores es el órgano administrativo que tiene, entre otros cometidos, el de tutelar la relación entre los clientes y su administrador, formando y vigilando permanente a los profesionales para que cumplan con sus obligaciones profesionales, teniendo contratado a través del colegio un «Seguro de Responsabilidad Civil y Caución» que cubra sus actuaciones profesionales.  Estas garantías son consecuencia de que los administradores son los depositarios de fondos económicos de terceras personas y se convierten en cargos de confianza de la comunidad de propietarios, por lo tanto, para la tranquilidad de los vecinos debe prestarse una garantía suficiente que avale su actividad.

La mayoría de los propietarios/as de una comunidad piensan que:

– La actividad de los administradores colegiados es de interés general y contribuye a garantizar los derechos de las personas en lo que respecta a sus viviendas.

– Es también una actividad fundamental para que se observen las normas y que contribuye a garantizar la seguridad jurídica de los propietarios en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas.

– Es una actividad multidisciplinar y de suma importancia por las funciones desarrolladas.

– El trabajo realizado por los administradores de fincas colegiados está amparado por los seguros de responsabilidad civil y caución contratados a través de sus colegios territoriales.

– Los colegios profesionales realizan, eficazmente, una labor de autocontrol disciplinario de la actividad de sus colegiados aplicando el Código Deontológico existente.

La ciudadanía en su conjunto respalda que la profesión de “administrador de fincas” siga siendo colegiada y considerada ya que la desregulación de tal actividad perjudicaría a la gestión de las comunidades, es decir, a la gestión de las viviendas que a día de hoy son consideradas un derecho constitucional. Contratar los servicios de un Administrador de Fincas profesional y colegiado, es hoy por hoy, una elección inteligente.

Para lograr ahorrar en una comunidad de vecinos, hay que racionalizar gastos. Si se consigue eliminar o reducir los más innecesarios, el resultado final será que los propietarios tendrán que pagar menos dinero todos los meses por el mantenimiento del inmueble. El seguro comunitario es un suministro obligatorio para los edificios de la Comunidad Valenciana. Los administradores colegiados estamos acostumbrados a re-negociar las condiciones llegado el vencimiento de la póliza. Buscamos constantemente las mejores alternativas en relación calidad-precio de todas las gestiones y servicios contratados para la comunidad de propietarios.

A la hora de lograr precios más competitivos adquiere especial relevancia el índice de siniestros, dado que las expectativas de riesgo o beneficio determinan la capacidad de maniobra de las aseguradoras. Las fincas con más siniestros se dan en aquellas que tienen entre 31 y 40 años de antigüedad, seguidas de las que suman entre 10 y 20 años.

Al comparar ofertas de diferentes compañías aseguradoras para una misma comunidad de vecinos, es posible encontrar notables diferencias en el precio del seguro. Los seguros de comunidades son más complejos que los seguros de vivienda, por lo que se configuran a medida. Habrá que valorar los riesgos reales que puede sufrir la comunidad y, además, ver si los vecinos están dispuestos a prescindir de algún tipo de cobertura a cambio de una prima menor, como la protección de los trasteros o el garaje comunitario que puede incluirse en las pólizas individuales.

Si se realiza un mantenimiento adecuado, la comunidad no tendrá la necesidad de dar partes con frecuencia y por lo tanto la renovación de la prima no aumentará. Lo que nunca puede faltar es la responsabilidad social frente a terceros. Ninguna comunidad de vecinos está a salvo de que algún día caiga sobre un transeúnte un pedazo de fachada. «El coste dependerá de la gravedad de las lesiones ocasionadas, pudiendo superar los 250.000 euros».

Son muchas las decisiones que han de tomarse en las comunidades de propietarios y que deben tomarse en las juntas y en consenso, es decir, por el acuerdo de una mayoría de propietarios/as. La ley exige distintas mayorías según cuáles sean las decisiones que se vayan a adoptar.

En la Ley de la Propiedad Horizontal, donde se regula todo lo relativo a las comunidades de propietarios, se contemplan tres tipos de mayoría:

· Unanimidad. Para las decisiones de mayor trascendencia que afecten a la comunidad.
· Mayoría de 3/5. Cuando tienen que ver con los servicios que se ofrecen a los propietarios.
· Mayoría simple (mitad más uno) o acuerdo de un 1/3. Para otros asuntos no recogidos en los casos anteriores.

Unanimidad

Se engloban en los siguientes tres supuestos:
· Si se trata de modificar los estatus de la comunidad, que son las reglas básicas sobre las que se sustenta la relación entre los propietarios.
· Cambios en las estructura del edificio o en las zonas comunes, obras que requieren de derramas importantes para asumir el coste.
· Variar la cuota de participación de los propietarios, es decir, la cantidad con la que contribuye cada uno de ellos, proporcionalmente, a los gastos comunes según las dimensiones de cada vivienda.

Decisiones que requieren 3/5 de los votos
Son las decisiones que afectan a los servicios que la comunidad ofrece a sus propietarios. Es el caso de la instalación de un ascensor, de la renovación de sistemas eléctricos o de acometidas de agua, colocación de antenas de televisión comunitarias, y la supresión o contratación de un portero o un conserje. Se precisa esta mayoría para arrendar elementos comunes que no tengan un uso exclusivo.

Decisiones que necesitan mayoría simple (la mitad más uo)
Prácticamente todas las demás, es decir, las que no se contemplan en los anteriores supuestos, con alguna salvedad que hace referencia a la propia junta. Si la votación se realiza en una primera convocatoria y en ella está presente al menos la mitad más uno de los propietarios, se aprueba con la mitad más uno de los que representen a la mayoría de las cuotas. Si es en la segunda convocatoria, basta con la mitad más uno de los presentes. La mayoría simple también es suficiente cuando se pretende llevar a cabo obras o servicios que eliminen barreras arquitectónicas para personas con discapacidad o para vecinos mayores de 70 años, y cuyo importe supere la cantidad equivalente a 12 meses de cuotas.

Las que necesitan solo 1/3 de los votos
Instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones (como una antena para televisión de pago) o de suministro energético (como placas solares). El coste correrá a cargo de los interesados.