Uno de los puntos de nuestra sociedad donde en mayor medida se muestra la escalada de la violencia verbal y física que sufre nuestra sociedad es en las comunidades de propietarios. La intolerancia y la falta de respeto se dejan ver más de una vez en las reuniones y situaciones diarias entre los vecinos. Hay que saber que tiene su marco legar, aunque ante todo hay que tratar de no llegar a este punto.

Plasmación legal y jurisprudencial del acoso.

a. Su ubicación en el Código Penal.

Esta modalidad delictiva del acoso  se introdujo en el art. 172 ter CP -EDL 1995/16398- en virtud de la reforma operada por La LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, CP y  tipifica en este precepto el nuevo delito de stalking dentro de los delitos contra la libertad.

La LO 1/2015 -EDL 2015/32370- sanciona, así, como nuevo delito unas conductas que en algunos casos podrían tener encaje en el delito de coacciones, pero que en otros casos podrían quedar impunes, pese a la gravedad de unos hechos que en el derecho anglosajón sí que tenían una adecuada respuesta penal, pero no así en nuestro sistema punitivo. Así, en la actualidad si nos encontráramos con vecino que hacia otros vecinos, o al presidente o administrador de fincas colegiado lleva a cabo alguna de estas actividades estará cometiendo un delito de acoso:

«1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:

1.- La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

2.- Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas.

3.- Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

4.-Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.».

La Ley de Propiedad Horizontal en su art.9.f. establece como obligación de todos los propietarios contribuir con arreglo a su cuota de participación a la dotación del fondo de reserva. Además, establece que la titularidad de dicho fondo de reserva corresponde a todos los efectos a la comunidad.  Por tanto, en este caso, la doctrina tiene prácticamente claro que no existe obligación de devolverlo a la persona que trasmite su vivienda y que en su día hizo efectivo el importe correspondiente.

¿Qué ocurre en el caso del fondo de maniobra o provisión de fondos?
Este tipo de fondos permite atender a todo tipo de gastos de la comunidad hasta que son liquidados. De manera general este fondo se constituye cuando se crea la comunidad y se va adaptando a las necesidades de la misma con el trascurso del tiempo. Esta provisión de fondos suele detallarse en las liquidaciones que son emitidas a cada propietario por el administrador, en las que se suele indicar la provisión de fondos asociada a cada departamento una vez hecha la liquidación.
De igual modo que en el caso del fondo de reserva, en este caso tampoco existe la obligación de la devolución del fondo asociada al departamento que se vaya a trasmitir. Hay que tener en consideración que cuando se trasmite la vivienda, se trasmite ésta con los derechos y obligaciones sobre sus elementos comunes, entre los que se encuentra esta provisión de fondos.