El contrato de compra de energía tal y como había diseñado el gobierno para defender los intereses municipales en cuanto a precio y de los vecinos y vecinas en cuanto a protegerlos frente a situaciones de vulnerabilidad energética, no puede ir adelante. El tribunal administrativo de recursos contractuales, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda , ha tumbado el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento de València que pretendía impedir cortes de suministro a familias sin recursos. Básicamente es la cláusula especial de ejecución para luchar contra la pobreza energética que impedía a la compañía adjudicataria cortar la luz a una familia hasta que no se estableciera por los servicios sociales municipales si se encontraba en riesgo de vulnerabilidad energética
La Concejalía estudiará presentar ante la justicia ordinaria un procedimiento contencioso-administrativo para recurrir la decisión con el objetivo de «mantener las cláusulas sociales de la licitación pública del contrato de la luz y los intereses y los recursos de los valencianos».
Ahora el Ayuntamiento sacará de forma inminente una nueva licitación pública del contrato de electricidad eliminando las partes impugnadas por el tribunal administrativo de recursos contractuales.
Lo que sí puede ir adelante es un nuevo contrato exigiendo energía 100% de origen renovable, como «obligación contractual esencial», todas las ofertas deberán incluir un certificado de la Comisión Nacional de Mercados (CNMC) que demuestre que la procedencia del 100 % de la energía suministrada es verde o renovable.
Una buena decisión que repercutirá en los vecinos de Valencia.
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