El 85% de los inmuebles que debería tener un certificado energético en vigencia incumple esta la normativa europea un año después de su aprobación. De hecho, tan solo el 15% restante cumple con el reglamento, según Alquiler Seguro, que asegura esta normativa “se ha convertido en un mero mecanismo recaudatorio”.
Según David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro, “la poca información, la falta de concienciación y la escasez de ayudas administrativas para la implantación de la normativa convergen en un fracaso de la Dirección General de Industria, Energía y Minas”.
Así, Caraballo subraya que “propietarios e inquilinos lo entienden como un gasto más, ya que no se le ha dado el sentido que tiene a nivel europeo como información y mejora del consumo energético de las viviendas”, y apunta que, a pesar de que la ley establecía medidas sancionadoras, “nunca se han producido”. En este sentido, indica que, en lo que va de año, sólo la Comunidad de Madrid ha interpuesto una sanción económica a un profesional que falseó los datos de la expedición de un certificado.
Por otro lado, Caraballo asegura que “tener un certificado A o G no influye en la toma de decisión de los inquilinos, sigue primando la cercanía al trabajo o las comodidades del piso muy por encima de la eficiencia energética”. Además, las trabas burocráticas y la no homogenización por parte de las comunidades es uno de los mayores inconvenientes. “Algunas comunidades cobran, otras establecen impuestos especiales, en otras es gratis. Si hubiese una normativa común no habría tanta confusión”, afirma Caraballo.
Por último, Alquiler Seguro asevera que si la implantación de la normativa sobre el certificado energético se acompañase con incentivos económicos reales, se fomentaría la lucha contra la economía sumergida. Asimismo, anima a la administración a regular y vigilar la problemática que arrendadores y arrendatarios encuentran con las compañías de suministros energéticos.
Fuente: Europa Press
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